La abogacía Española considera que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales. Conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor.
Según explica en un comunicado. la Abogacía Española considera que el acuerdo infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales. Esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable.
En conclusión, lejos de facilitar la recuperación del dinero indebidamente pagado, todo son obstáculos.